Diagnóstico prenatal y “nacimiento equivocado”

En los últimos años los avances relacionados con el acceso al feto “in utero” y el diagnóstico prenatal con técnicas cada vez menos invasivas y arriesgadas han sido ciertamente espectaculares. Una de las consecuencias que se derivan de este impresionante desarrollo es el poder tratar determinadas patologías antes de que el niño nazca, dentro del propio seno materno, incluso con complicadas operaciones, y de esta manera se logra que el feto se desarrolle con normalidad: el feto como paciente. Ahora bien, aunque es mucho lo ya conseguido en medicina prenatal, no deja de ser todavía algo limitado a unas pocas situaciones patológicas.

Esto se está llevando a prácticamente toda la población femenina embarazada, cuando antes sólo se ofrecía a aquellas gestantes que presentaban algún factor de riesgo. Esta realidad  contribuye no sólo a aumentar los costes sanitarios sino que ha hecho ascender dramáticamente el número de abortos de fetos con síndrome de Down en todo el mundo. De hecho, durante el 9º Congreso Mundial sobre el Síndrome de Down, afloró como una de las grandes preocupaciones del movimiento asociativo la problemática que ocasiona el diagnóstico prenatal y el uso que se está haciendo del mismo para promover masivamente el aborto selectivo o eugenésico de los fetos con síndrome de Down.

Todo esto se ha vuelto en contra de las personas con síndrome de Down y, básicamente, el diagnóstico prenatal está sirviendo, para proceder a interrumpir el proceso de una vida humana que había comenzado con la fecundación.

Las parejas ven el hecho de tener un hijo con síndrome de Down como una de las posibilidades más negativas y horribles que les pudiera suceder: ahí está el aborto para solucionarlo. Cada vez más, el aborto es considerado socialmente como la mejor (la única, afirman muchos) solución ante problemas con el embarazo. El asunto se complica todavía más si se tiene en cuenta que algunos padres han demandado (por ellos mismos y también en nombre de sus hijos) a los profesionales sanitarios que habían descuidado la realización de estas técnicas, o que habían interpretado erróneamente los resultados de las mismas, todo lo cual había privado a los padres de la oportunidad de haber evitado el nacimiento de un hijo con discapacidad (y al propio hijo el haber nacido: el pretendido derecho a no nacer).